Carlos Vecino | Barcelona
El ejecutivo presentó el pasado viernes un documento de 442 páginas con las deliberaciones del comité de expertos anteriormente designado por el propio Gobierno presidido por Mariano Rajoy, donde se desgranaba el actual sistema tributario acompañado de un total de 125 medidas a tomar. Como discutir sobre la conveniencia de cada propuesta presentada en concreto haría eterno el debate, la intención del presente texto es hacer un análisis de los posibles efectos en la economía de las empresas (o economía productiva) en caso de aprobarse el borrador.
En primer lugar, hay que tener en cuenta la manifiesta intención del Gobierno de cumplir con una de sus promesas electorales estrella: bajar los impuestos. Sin embargo, Europa no quiere oír hablar de promesas y no verá con buenos ojos que mientras somos incapaces de alcanzar los objetivos de déficit se renuncie a más ingresos al sistema, con lo que en el mejor de los casos (y eso han debido de buscar los «sabios») la recaudación total se matendrá cuando no aumentará.
El Gobierno tiene el compromiso con la Patronal de aliviar la carga fiscal que las empresas pagan a través de sus beneficios, una buena noticia para los empresarios. Si el Gobierno baja el Impuesto de Sociedades, como ha propuesto, recaudará ese dinero a través de subidas del IVA, en sus tipos más bajos principalmente, y por otra parte inventándose nuevos tributos como impuestos ecológicos y demás.
Por otra parte, pretende eliminar el testimonial Impuesto sobre el Patrimonio, aplicar (aún más) deducciones fiscales sobre los planes de pensiones privados y bajar el IRPF en sus tramos más altos subiendo las cotizaciones sociales de los trabajadores, haciendo a las empresas españolas menos competitivas al aumentar sus costes laborales, un total contrasentido con las palabras con las que se llena la boca el ministro de Economía hablando día sí y día también de competitividad.
En definitiva, una reforma fiscal en la dirección que han dibujado los expertos del Gobierno sería un tremendo varapalo para la economía productiva española, no así para la banca y las élites, que respiran aliviadas sabiendo que las SICAV no se tocan y se ahorran buena parte de los impuestos directos que aún hoy pagan. Subir el IVA es hundir aún más el consumo interno y obligar a las empresas a competir fuera a toda costa aún siendo menos competitivas que las de los países de nuestro entorno, a la vez que los desequilibrios entre ingresos y gastos (la Administración gasta un 6% más de lo que ingresa) se mantienen y por lo tanto las cuentas siguen sin cuadrar.
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