Posible rescate a las constructoras por el mal funcionamiento de las autopistas

Nuria Pérez  |Barcelona|

El pasado martes el Gobierno presentó una propuesta para rescatar a las nueve autopistas de peaje que están en quiebra: las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera, la Circunvalación de Alicante, y la que une Madrid y el aeropuerto de Barajas.

En la actualidad, las autopistas quebradas están controladas por grandes constructoras y concesionarias cotizadas (Abertis, Acciona, ACS, Sacyr y OHL, FCC, Ferrovial,), otras firmas del sector como Isolux, Comsa o Ploder, entidades financieras como Bankia.

En dicha propuesta se propone integrar las vías como sociedad pública en su totalidad.

Esa integración supone una aportación del Estado de 471 millones de euros, que es la cantidad que este debe a las constructoras de las mencionadas autopistas afectadas.

En el caso de que la propuesta tirase para adelante debería aprobarse por un Real Decreto, la cual cosa daría lugar a la creación de una empresa nacional de autopistas que con sus 748 kilómetros sumando los de las nueves carreteras equivaldrían al 22% de la red de pago actual.

En el momento de su construcción, Esperanza Aguirre afirmó que “las autopistas radiales no le cuestan al gobierno, se pagan con el peaje”…

La gestión de las autopistas se ha convertido en un negocio perfecto para las empresas concesionarias, el estado se hace cargo de sus deudas cuando entran en quiebra. Pero cuando la autopista es rentable las concesiones se prorrogan incluso aunque eso conlleve cambiar la ley.

En 1999 el gobierno de Aznar prorrogó la concesión a Iberpistas de la autopista de Villalba Adanero que expiraba en 2018. Se prolongó hasta tal punto que la empresa podía explotar el negocio 80 años cuando el límite estaba en 75. Para ello el Gobierno tuvo que cambiar la ley de autopistas con el fin de dar cobertura legal a estas prórrogas.

Fuente: 20minutos.es

Trece años después el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenciaba que esta prórroga vulneraba directivas comunitarias de contratación pública, por lo que el Gobierno tuvo que reducir la concesión y además compensar económicamente a la empresa por daños y perjuicios.

 

En España el negocio de la construcción de autopistas es redondo, ya que si va mal el Gobierno rescatas a las constructoras, y si va bien el Gobierno ayuda para que la bonanza continúe e incluso aumente. De esta forma los beneficios se convierten en privados mientras que las deudas pasan a ser públicas y acaban gravando a la economía social tan precaria en estos tiempos de crisis.

 

La quiebra de estas autopistas de peaje es un golpe al axioma liberal de que la gestión privada siempre es más barata y eficiente que la pública. Hace unos meses un informe del Tribunal de Cuentas concluía que la gestión pública directa de los servicios básicos cuesta muchos menos que la gestión externalizada.

Según José Carlos Diez, economista, la propuesta tiene que pasar por la dirección de la Comunidad Europea de ayudas de Estado y el Eurostat tiene que contabilizar la deuda.

José Carlos Diez afirma que “En España hay muchas autopistas bien diseñadas que son rentables”. Por bien diseñadas se entiende que las vías de pago no entran en competencia con las autovías, ya que esa duplicidad es absurda, porque pudiendo elegir, el conductor optará por la vía libre siempre y cuando no se trate de una ocasión especial y vaya colapsada.

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